La universidad pública argentina sale a la calle contra el veto de Milei a una ley de financiamiento
Profesores y estudiantes exigen al Gobierno ultraderechista más recursos
para la educación superior
La universidad pública argentina ha renovado el pulso que mantiene con el
Gobierno de Javier Milei. Decenas de miles de personas llenaron este miércoles
la plaza frente al Congreso en Buenos Aires para exigir más dinero para la
educación superior. Eligieron el Congreso y no la Casa Rosada porque es allí
donde se juega el futuro de una ley de financiamiento universitario aprobada por
la oposición el 13 de septiembre pasado. El presidente ultraderechista tiene
listo el veto a la norma, con el argumento de que es “populista y demagógica” y
pone en peligro el equilibrio fiscal. Dependerá de los diputados y senadores
conseguir dos tercios de los votos para anularlo. “A nuestros representantes en
el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, les pedimos
que de confirmarse el veto sostengan en el recitno la ley”, ha dicho en su
discurso ante la multitud Piera Fernández, presidenta de la Federación
Universitaria Argentina (FUA). Para el Gobierno, la protesta fue “un espectáculo
mediático” montado por la oposición “con el propósito de obstruir el plan
económico del presidente”, según dice un comunicado de la Oficina de la
presidencia.
La de este miércoles fue la segunda manifestación masiva que enfrenta Milei
por su política de recortes presupuestarios. En abril pasado, medio millón de
personas marchó en defensa de las universidades públicas ante la inminencia de
un cierre por asfixia financiera. La educación superior es el orgullo de
generaciones de argentinos que, desde que fue declarada gratuita en 1949 ven en
ella una llave hacia ascenso social de las clases bajas y medias. Milei llegó al
poder sosteniendo que las universidades son un reservorio de “comunistas” y que
los profesores “adoctrinan” a los alumnos con ideas izquierdistas. Y acompañó la
embestida con un recorte de fondos que al inicio del año afectó los salarios de
los profesores y puso incluso en peligro el pago de cosas tan elementales como
la electricidad. Ante la emergencia, la oposición logró, pese a los reclamos del
Gobierno, aprobar en septiembre una ley que actualiza salarios y garantiza el
financiamiento universitario. El coste fiscal de la norna es del 0,4% del PIB,
según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal
universitario [docentes y no docentes] registró una caída del 45% en términos
reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza,
situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal”, alertó el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades
académicas del país.
El Gobierno asegura que ha aumentado las partidas que envía a las casi 70
universidades nacionales. Lo ha hecho en un 150% interanual entre enero y
septiembre de este año, pero cuando se le descuenta la inflación los recursos
caen un 30%, según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto. El
promedio salarial de un “cargo testigo” docente, esto es un jefe de trabajos
prácticos con dedicación semiexclusiva, una carga de 20 horas semanales, es de
360.000 pesos, unos 360 dólares el cambio oficial. La canasta básica familiar
para no ser pobre en Argentina fue en julio pasado de 900 dólares. “Muchos
docentes están bajo la línea de pobreza, algo que no sucedía desde hace más de
20 años. La pérdida de trabajadores que se van de la universidad pública es
importante”, advirtió Carlos De Feo, secretario General de la Federación
Nacional de Docentes Universitarios.
La protesta de este miércoles, que se replicó en capitales provinciales,
estuvo protagonizada sobre todo por estudiantes y profesores. Se sumaron también
jubilados, trabajadores, militantes de partidos de extrema izquierda, dirigentes
políticos opositores y sindicalistas. La presencia de dirigentes como Sergio
Massa, ex candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones pasadas, o
el senador radical Martín Lousteau, avivaron las denuncias oficiales de
“politización” de la marcha. Milei usó sus redes sociales para fustigar la
convocatoria reposteando los mensajes de sus seguidores más fanáticos. “Esto no
es una marcha universitaria sino una marcha de parásitos que viven de los
impuestos, es decir, del hambre de la gente” o “Ganó Milei. Demostramos que fue
una marcha política, que usaron recursos de la universidad para trasladar a
militantes de la Cámpora [la agrupación del hijo de Cristina Kirchner, Máxicmo],
y la Uocra [sindicato de obreros de la construcción], que estuvo presente Massa,
el que ajustó de verdad a la universidad para financiar la campaña, que estuvo
la corrupta de CFK”, se lee en el perfil de X del presidente.
La convocatoria fue menor que en abril, pero volvió a ser masiva. La
Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y prestigiosa de Argentina, fue
la cara más visible, pero también estuvieron presentes frente al Congreso todas
las universidades del extrarradio, cuya creación en las últimas décadas abrió
las puertas a miles de estudiantes que fueron primera generación de
universitarios en sus familias. La transformación social que encarnaron se ve
amenazada por el recorte presupuestario. “Venimos a pelear para que nuestros
hijos puedan estudiar”, dijo Graciela Pérez, estudiante de 48 años de Trabajo
Social en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). “Sin universidad
pública gratuita a mí me sería imposible estudiar y mis hijos tampoco podrían
hacerlo”, advirtió Pérez mientras otra estudiante sostenía a su lado una
pancarta en la que podía leerse “Sin educación pública, el futuro es para
pocos”.
Cerca de allí, alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad de
Avellaneda pidieron que Milei no les “arruine el presente” ni vete su futuro.
Una de ellas, Silvina, lamentó que en vez de arreglar “todo lo que está mal en
Argentina”, el Gobierno quiera deteriorar las universidades públicas, uno de los
escasos motivos de orgullo nacional que están más allá de la polarización
política. Silvina, de 27 años, aseguró que aún le cuesta creer que Argentina
tenga un presidente que recorte en investigación científica, cuando es una de
las claves para el desarrollo futuro de cualquier país. “Muchos compañeros están
buscando becas para irse al extranjero porque acá está todo frenado, es una gran
pérdida para Argentina quedarse sin miles de jóvenes formados”, añadió.
Entre las críticas más recurrentes estuvieron aquellas dirigidas a la promesa
hecha por Milei de terminar con la casta política. “Al final la casta eran los
estudiantes, los trabajadores y los jubilados”, podía leerse en una pintada
realizada en los alrededores de la Plaza del Congreso. “Un sueldo de Manuel
Adorni [el portavoz presidencial] es igual a 20 sueldos de auxiliar docente”,
denunciaba una docente jubilada.
Todos los ojos están puestos ahora en el Congreso, que deberá juntar los
votos necesarios para anular el veto de Milei si pretende mantener con vida a la
ley de financiamiento universitario. El Gobierno logró días atrás salvar el veto
a una ley que subía las pensiones a los jubilados, pero ahora le faltan al menos
seis votos para repetir la jugada. Todo dependerá de la decisión que tomen los
opositores considerados “dialoguistas” y el efecto que haya tenido sobre ellos
la marcha frente al Congreso.