Un llamado a la comunidad internacional por Guatemala, por Antonia Urrejola
Más de 100 jueces, fiscales, activistas y periodistas han
sido criminalizados y perseguidos por el Ministerio Público y los tribunales. Al
menos 43 personas se han visto forzadas a huir del país debido a la persecución
judicial y amenazas
La situación política y judicial en Guatemala ha sido motivo de preocupación
nacional e internacional debido a las amenazas al Estado de derecho y la
independencia judicial. En el último año, la elección de Bernardo Arévalo como
presidente marcó un hito en la política guatemalteca, pero también desató una
serie de desafíos que requieren la atención continua de la comunidad
internacional. En efecto, tras la elección de Arévalo, surgieron intentos para
anular los resultados, pese a que misiones de observación electoral como la de
la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron
la legitimidad del proceso electoral.
Guatemala está actualmente en un proceso crucial para la elección de jueces y
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones,
un proceso que ha estado plagado de desafíos y controversias. Desde esta
perspectiva, no cabe duda, como lo reportan diversos informes internacionales,
la crisis del Estado de derecho en Guatemala continúa siendo un enorme desafío.
Durante su reciente visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) observó cómo la criminalización de jueces y fiscales, junto con
la interferencia política en el sistema judicial, ha afectado gravemente la
institucionalidad democrática del país.
La OEA también ha mostrado preocupación por el proceso de selección de
magistrados de las altas cortes en Guatemala. La misión de observación de la OEA
ha criticado la lentitud del proceso y ha subrayado la importancia de asegurar
que la independencia judicial prevalezca sobre intereses particulares. Desde el
Panel de Personas Expertas Independientes, un esfuerzo de diversas
organizaciones internacionales, hemos enfatizado la necesidad de que se adopten
medidas para asegurar la participación ciudadana, la transparencia y la
publicidad del proceso. Nos preocupa la influencia indebida, por parte de
poderes fácticos, en el proceso de selección, lo cual podría comprometer aún más
la independencia judicial.
El conflicto armado interno en Guatemala, que se extendió desde 1960 hasta
1996, dejó un saldo devastador de más de 200000 personas muertas y
desaparecidas. La mayoría de las víctimas eran civiles, en su mayoría indígenas.
El 93% de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto
se atribuyen a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares relacionados con
él. Los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron compromisos para abordar las
violaciones de derechos humanos y garantizar la justicia y la reparación para
las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la implementación ha sido
deficiente, y muchos de los compromisos, como las garantías de no repetición y
la reforma del sistema judicial, no se han cumplido. La falta de avances en la
búsqueda de justicia y la persistente impunidad han obstaculizado el
cumplimiento de estos acuerdos, perpetuando un ciclo de violaciones de derechos
humanos y debilitando la confianza en las instituciones del Estado.
Actualmente en Guatemala, más de 100 personas, entre jueces, fiscales,
activistas y periodistas, han sido criminalizados y perseguidos por el
Ministerio Público y los tribunales de justicia. Se estima que al menos 43
fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas se han visto
forzados a huir del país debido a la persecución judicial y amenazas. Esta
situación refleja un patrón sistemático de criminalización que busca asegurar la
impunidad en el país, afectando gravemente la independencia judicial y el Estado
de derecho. En efecto, la criminalización y persecución de jueces, fiscales y
defensores de derechos humanos es una táctica común para intimidar y silenciar a
aquellos que investigan casos de corrupción y violaciones de derechos
humanos.
La corrupción dentro del sistema judicial es otro factor que contribuye a la
falta de independencia. Los jueces y fiscales honestos son a menudo desplazados
o exiliados, mientras que aquellos dispuestos a colaborar con actores corruptos
son promovidos. Esto resulta en un sistema de justicia distorsionado, donde la
ley se utiliza como herramienta para mantener el poder y la impunidad.
La situación en Guatemala es un recordatorio de la fragilidad de la
democracia y el Estado de derecho en la región. La comunidad internacional debe
permanecer alerta y comprometida con el apoyo a Guatemala en su camino hacia la
consolidación democrática. La vigilancia continua y el apoyo decidido son
esenciales para garantizar que el pueblo guatemalteco pueda disfrutar de un
futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos
humanos.